El pueblo de Cataluña, a lo
largo de su historia, ha manifestado democráticamente la voluntad de
autogobernarse, con el objetivo de mejorar el progreso, el bienestar y la igualdad
de oportunidades de toda la ciudadanía, y para reforzar la cultura propia y su
identidad colectiva.
El autogobierno de Cataluña se
fundamenta también en los derechos históricos del pueblo catalán, en sus
instituciones seculares y en la tradición jurídica catalana. El parlamentarismo
catalán tiene sus fundamentos en la Edad Media, con las asambleas de Pau i
Treva (Paz y Tregua) y de la Corte Comtal (Corte Condal).
En el siglo XIV se crea la Diputació
del General o Generalitat, que fue adquiriendo más autonomía hasta actuar,
durante los siglos XVI y XVII, como gobierno del Principat de Catalunya.
La caída de Barcelona en 1714, a raíz de la Guerra de Sucesión, comportó que
Felipe V aboliera con el Decret de Nova Planta, el derecho público
catalán, y las instituciones de autogobierno.
Este itinerario histórico
estuvo compartido con otros territorios, hecho que ha configurado un espacio
común lingüístico, cultural, social y económico, con vocación de reforzarlo y
promoverlo desde el reconocimiento mutuo.
Se negociará con el Estado,
las instituciones europeas y la comunidad internacional
Durante todo el siglo XX la
voluntad de autogobernarse de las catalanas y los catalanes ha sido una
constante. La creación de la Mancomunitat de Catalunya en 1914 supuso
un primer paso en la recuperación del autogobierno, que fue abolido por la
dictadura de Primo de Rivera. Con la proclamación de la Segunda República
española se constituyó un gobierno catalán en 1931 con el nombre de Generalitat
de Catalunya, que se dotó de un Estatut d’Autonomia.
La Generalitat fue abolida de
nuevo en 1939 por el general Franco, que instauró un régimen dictatorial hasta
el 1975. La dictadura contó con una resistencia activa del pueblo y el Gobierno
de Cataluña. Uno de los hitos de la lucha para la libertad es la creación de la
Assemblea de Catalunya en 1971, previa a la recuperación de la Generalitat,
con carácter provisional, con el retorno en 1977 de su presidente en el exilio.
En la transición democrática, y en el contexto del nuevo sistema autonomista
definido por la Constitución española de 1978, el pueblo de Cataluña aprobó
mediante un referéndum el Estatut d’Autonomia de Catalunya en 1979, y
celebró las primeras elecciones al Parlament de Catalunya en
1980.
En los últimos años, en la vía
de la profundización democrática, una mayoría de las fuerzas políticas y
sociales catalanas han impulsado medidas de transformación del marco político y
jurídico. Las más recientes, concretadas en el proceso de reforma del Estatut
d’Autonomia iniciado por el Parlament en 2005. Las dificultades y
negativas por parte de las instituciones del Estado español, entre las cuales
hay que destacar la sentencia del Tribunal Constitucional 31/2010, comportan
una negativa radical a la evolución democrática de las voluntades colectivas
del pueblo catalán dentro del Estado español y crea las bases para una
involución en el autogobierno, que hoy se expresa con total claridad en los
aspectos políticos, competenciales, financieros, sociales y lingüísticos.
De diferentes formas, el
pueblo de Cataluña ha expresado la voluntad de superar la actual situación de
bloqueo en el seno del Estado español. Las manifestaciones masivas del 10 de
julio de 2010 bajo el lema Som una nació, nosaltres decidim y la del
11 de septiembre de 2012 bajo el lema Catalunya nou estat d’ Europa
son expresión del rechazo de la ciudadanía contra la falta de respeto a las
decisiones del pueblo de Cataluña.
Con fecha 27 de septiembre de
2012, mediante la resolución 742/IX, el Parlament de Catalunya
constató la necesidad que el pueblo de Cataluña pudiera determinar libremente y
democráticamente su futuro colectivo mediante una consulta. La últimas
elecciones al Parlament de Catalunya del 25 de noviembre de
2012 han expresado y confirmado esta voluntad de forma clara e inequívoca.
Para poder llevar a cabo este
proceso, el Parlament de Catalunya, reunido en la primera sesión de la
X legislatura, y en representación de la voluntad de la ciudadanía de Cataluña
expresad democráticamente en las últimas elecciones, formula la siguente:
» Declaración de soberanía y
el derecho a decidir del pueblo de Cataluña. De acuerdo con la voluntad
mayoritaria expresada democráticamente por parte del pueblo de Cataluña, el Parlament
de Catalunya acuerda iniciar el proceso para hacer efectivo el ejercicio
del derecho a decidir para que los ciudadanos y las ciudadanas de Cataluña
puedan decidir su futuro político colectivo, de acuerdo con los principios
siguientes:
Soberanía. El pueblo de
Cataluña tiene, por razones de legitimidad democrática, carácter de sujeto
político y jurídico soberano.
Legitimidad democrática. El
proceso del ejercicio del derecho a decidir será escrupulosamente democrático,
garantizando especialmente la pluralidad de opciones y el respeto a todas
ellas, a través de la deliberación y el diálogo en el seno de la sociedad
catalana, con el objetivo de que el pronunciamiento que resulte sea la
expresión mayoritaria de la voluntad popular, que será el garante fundamental
del derecho a decidir.
Transparencia. Se facilitarán
todas las herramientas necesarias para que el conjunto de la población y la
sociedad civil catalana tenga toda la información y el conocimiento preciso
para el ejercicio del derecho a decidir y se promueva su participación en el
proceso.
Diálogo. Se dialogará y se
negociará con el Estado español, las instituciones europeas y el conjunto de la
comunidad internacional.
Cohesión social. Se
garantizará la cohesión social y territorial del país y la voluntad expresada
en múltiples ocasiones por la sociedad catalana de mantener Cataluña como un
solo pueblo.
Europeísmo. Se defenderán y
promoverán los principios fundacionales de la UE, particularmente los derechos
fundamentales de los ciudadanos, la democracia, el compromiso con el Estado de
bienestar, la solidaridad entre los diferentes pueblos de Europa y la apuesta
por el progreso económico, social y cultural.
Legalidad. Se utilizarán todos
los marcos legales existentes para hacer efectivo el fortalecimiento y el
ejercicio del derecho a decidir.
Papel principal del Parlament.
El Parlamento en tanto que la institución que representa al pueblo de Cataluña
tiene un papel principal en este proceso y por tanto se habrán de acordar y
concretar los mecanismos y las dinámicas de trabajo que garanticen este
principio.
Participación. El Parlament
de Catalunya y el Gobierno de la Generalitat han de hacer
partícipes activos a todo este proceso el mundo local, y el máximo de fuerzas
políticas, agentes económicos y sociales, y entidades culturales y cívicas de
nuestro país, y concretar mecanismos que garanticen este principio.
El Parlament de Catalunya
alienta al conjunto de ciudadanos y ciudadanas a ser activos y protagonistas en
este proceso democrático del ejercicio del derecho a decidir del pueblo de
Cataluña.
